Cartelones de publicidad le vendían ofertas que aparentemente no podía rechazar: “Disfruta de tu crédito sin garante”; “Aumenta tu cupo en el segundo crédito”, entre otros.
Sin embargo, a la hora de hacer las cuentas ambos electrodomésticos le salían entre $ 700 y $ 900 por encima del valor al contado.
Los propios vendedores le explicaron que el crédito directo que bordea el 26% de interés era más caro que el de una tarjeta de crédito (15%). Además, le exigían una entrada de $ 200.
Bertha Simbaña (50) empleada doméstica, también vivió un mal rato cuando para adquirir un televisor que costaba $ 720, con el crédito directo le salía en total $ 900. Ella, luego de pensarlo, dijo que iba más bien a hacer un crédito quirografario con el Biess o, al ser beneficiaria del bono de Desarrollo Humano, podría pedir un préstamo solidario, aunque sería menor al valor del televisor.
El sector real donde constan las casas comerciales y que se caracteriza por dar créditos directos, reporta unos $ 317 millones por ese concepto, según lo refirió recientemente el presidente del Biess, Ramiro González. Sin embargo, es uno de los que menos controles tiene en la economía nacional.
La falta de un registro oficial y de regulación en general se evidenció el miércoles pasado en la Comisión de Régimen Económico, cuando se analizó la Ley de Burós de Crédito.
En esa sesión, tras hacer preguntas a representantes de la Superintendencia de Bancos y del Buró de Crédito Equifax, se estableció que es el sector que menos controles y reportes oficiales hace. En este sentido, el presidente de la Comisión, Paco Velasco, propuso crear una central de riesgo para el sector real, como existe una bancaria y va a funcionar otra central para la Economía Popular.
Sobre el tema, Xavier Villavicencio, director nacional de Estudios de Información de la Superintendencia de Bancos, explicó que el tema sería complicado por el enorme número de almacenes de este tipo. Además, indicó que si se llegara a concretar la iniciativa, habría limitaciones para detectar errores en la información y deberían ser los afectados quienes presenten las quejas.
El asambleísta Eduardo Encalada (partido Socialista), en cambio, propuso la creación de una intendencia de tiendas comerciales que dependa de la Superintendencia de Bancos o de Compañías.
Xavier Moli, representante de Equifax, entidad que maneja información del sector regulado, no regulado y del real, explicó que ellos han logrado acceder a este tipo de información a través de contratos con cada una de esas fuentes.
Publicado en Diario El Universo
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